Derechos de las personas discapacitadas en Argentina: cartilla oficial que conviene leer y tener a mano

La cartilla se encuentra online desde el 12 de febrero.

La cartilla se encuentra online desde el 12 de febrero.

Desde el jueves antepasado se encuentra online la Cartilla de Información sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación elaboró en sintonía con sus esfuerzos por abordar la discapacidad como una cuestión de Derechos Humanos, y para cumplir con una sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impuso a nuestro Estado en agosto de 2012. Si bien la publicación se refiere a la discapacidad en términos generales (no se detiene especialmente en ninguna enfermedad ni discapacidad), los familiares de enfermos de Alzheimer harán bien en leerla y tenerla a mano. De hecho, la pieza comunicacional ofrece dos tipos de información muy útil para los cuidadores: la descripción de los derechos que les asisten a los discapacitados (y a su entorno en algunos casos) y los datos de los organismos al servicio de estos ciudadanos vulnerables.

Dos años y medio atrás, la CIDH dictó sentencia en el marco del caso 12.539, “Sebastián Claus Furlan y familia vs. Argentina”, cuyos entretelones figuran aquí. Entre otras cuestiones, el fallo estableció que el Estado argentino debe informar en forma clara y accesible los derechos y servicios que protegen a las personas discapacitadas, al momento mismo del anuncio del diagnóstico.

La cartilla cita en su introducción el primer artículo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Naciones Unidas aprobó en 2006, y que la Argentina ratificó en 2008 y elevó a jerarquía constitucional en 2014: “Las personas con discapacidad incluyen a aquéllas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Entre los derechos enumerados, los siguientes parecen interpelar al enfermo de Alzheimer y a quien(es) lo cuida(n):

 Derecho a recibir una atención personalizada, un trato digno y respetuoso a la intimidad y a la confidencialidad con los profesionales de la salud.

 Derecho a solicitar a las obras sociales o empresas de medicina prepaga la cobertura total y sin límite de tiempo de las prestaciones previstas en la Ley del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad (N° 24.901).

 Derecho a contar con un asistente personal, una persona de apoyo y/o acompañamiento terapéutico para ayudar en el ámbito domiciliario y en el proceso de inclusión familiar, social, educativa, comunitaria y laboral.

 Derecho a los dispositivos, insumos y prácticas contemplados en la Ley de Salud Mental (N° 26.657). Las obras sociales están obligadas a brindar cobertura a estas prestaciones.

 En materia de salud mental, y siempre según dicta la Ley N° 26.657, derecho al tratamiento más respetuoso de los derechos y libertades del paciente, y mejor promotor de su integración familiar, laboral y comunitaria. La internación, tanto voluntaria como involuntaria, es un recurso excepcional que debe ser utilizado con fines terapéuticos y en el tiempo más breve posible.

 En el caso de los enfermos mentales internados, derecho a mantener sus vínculos familiares, laborales y sociales según dicta la Ley N° 26.657.

Por favor, hagan clic aquí los interesados en leer -eventualmente bajar– la Cartilla de Información sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Sepan que intervinieron en la elaboración de esta publicación algunos de los responsables del Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores de la Defensoría General de la Nación. El dato respalda la percepción de que los enfermos de Alzheimer y sus familiares también somos destinatarios de esta iniciativa.

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